INDAGAN A TRIBUNAL FEDERAL DE QUINTANA ROO QUE EXONERÓ A KAMEL NACIF POR POSIBLE CORRUPCIÓN

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  • El amparo concedido al empresario por el caso Cacho era improcedente; sí había elementos para indagarlo por tortura: magistrado que votó en contra

Puebla, 21 de septiembre.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una indagatoria interna por posibles irregularidades o hechos de corrupción en un tribunal federal de Quintana Roo que, en julio pasado, canceló la orden de aprehensión girada contra del empresario Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Dicha orden de captura fue cancelada luego de un voto dividido de los magistrados de 2 contra 1, y con argumentos como que no existía una instrucción por escrito de torturar a la periodista, o que Nacif no debería ser procesado por no ser funcionario público.

A través de un oficio dirigido al público en general, el Poder Judicial informó que la Visitaduría General del CJF – área responsable de indagar la actuación de los servidores públicos del poder judicial – llevará a cabo una revisión interna del trabajo y resoluciones del Tercer Tribunal Colegiado en el último año.

Como parte de este procedimiento el próximo 28 de septiembre un visitador judicial realizará una inspección al referido tribunal para verificar sus actividades en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al 1 de agosto de 2021. De forma simultánea se ha invitado a los ciudadanos a que a través de siete vías distintas presenten ante el visitador responsable de la inspección sus quejas o denuncias relacionadas con el trabajo del Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo.

Aunque el proceso de inspección apenas inició, fuentes judiciales indicaron que la magistrada presidenta de dicho tribunal, Selina Haidé Avante Juárez, dejó su puesto y fue cambiada a otro órgano judicial en el estado de Veracruz. Ella fue la encargada de elaborar el proyecto que, en los hechos, exoneró de forma definitiva a Kamel Nacif.

Cabe recordar que luego de que se diera a conocer esta resolución, la periodista Lydia Cacho, acusó que habían existido presiones y corrupción detrás de dicha determinación. (municipiospuebla.mx)

 

AGC

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